La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto Ley 16/2012 ha mostrado hoy su confianza y su deseo en el hecho de que el Congreso de los Diputados apoye con una votación mayoritaria el fin de la exclusión sanitaria en España tras la iniciativa que el nuevo Gobierno puso en marcha mediante el Real Decreto Ley 7/2018 a través del cual se espera poner fin a gran parte de privación a la universalidad que REDER llevaba 6 años denunciando.
En un comunicado de prensa redactado de forma conjunta por parte de todas las organizaciones que la integran, REDER ha manifestado su satisfacción parcial con respecto a este cambio, pero también ha querido dejar claro que la meta final es aún distante. En ese sentido, tal y como afirman en su comunicado:
Damos la bienvenida a la intención de garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español, tal y como se manifiesta en su Exposición de motivos. Asimismo valoramos muy positivamente la eliminación de las figuras de persona asegurada y beneficiaria para recuperar la noción de la salud como un derecho. No obstante no podemos dejar de expresar nuestra preocupación sobre cómo quedan reguladas en el articulado determinadas cuestiones:
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Las personas extranjeras no autorizadas ven reconocido su derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria, pero no son consideradas titulares de dicho derecho, pues esta titularidad queda limitada a aquellas de nacionalidad española y extranjeras con residencia legal. Esta distinción resulta discriminatoria e injustificable desde una perspectiva de derechos humanos.
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El derecho a la asistencia con cargo a fondos públicos se supedita a que la persona demuestre que no se encuentra en situación de estancia temporal, es decir que lleve más de 90 días en territorio español. Esta exigencia establece una presunción de que por debajo de los tres meses cualquier persona es una turista sanitaria – salvo informe de trabajo social que acredite lo contrario –, lo que supone reincidir en la confusión entre migrante y turista sanitario, tantas veces desmontada.
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El texto actual no garantiza la asistencia con cargo a fondos públicos en todo caso – y particularmente durante ese periodo de 90 días – a menores, mujeres embarazadas, solicitantes de asilo, víctimas de trata, así como la asistencia de urgencia hasta el alta médica, algo que de no concretarse supondría una regresión respecto a lo previsto al respecto por el RDL 16/2012.
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Si no se flexibiliza, la exigencia de prueba de no poder “exportar el derecho” desde su país de origen puede terminar resultando una barrera insalvable para muchas personas. Así lo hemos constatado las organizaciones de REDER en relación con determinadas nacionalidades cuyos consulados no emiten dicha documentación, lo que las obliga a desplazarse hasta su país de origen.
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Nos preocupa que la nueva normativa no de respuesta a una de las exclusiones más sangrantes como es la de las personas mayores – padres, madres, abuelos y abuelas – que han llegado a España fruto de un proceso legal de reagrupación familiar. Conforme a la legislación de extranjería, estas personas deben contar con un seguro médico, algo muy difícil y muy costoso de conseguir para personas de edad avanzada y débil estado de salud. De este modo el INSS les deniega sistemáticamente la tarjeta sanitaria, a pesar de que existen múltiples sentencias judiciales que les reconocen este derecho. La nueva regulación debería reconocérselo de forma inequívoca en las mismas condiciones que cualquier otra residente en España.
Finalmente, REDER aprovecha el comunicado de prensa para hacer un llamamiento a los diversos grupos parlamentarios que firmaron el Pacto Político y Social per un SNS Público y Universal de 2017 para que voten a favor del nuevo RDL 7/2018 sin renunciar a la presión política para seguir restableciendo derechos fundamentales. En ese aspecto, REDER insta al nuevo Gobierno a que desarrolle mediante un Reglamento adecuado dicha modificación de la Ley y que garantice que nadie se va a quedar fuera del sistema sanitario. REDER también ha aprovechado para mandar un mensaje a las administraciones autonómicas y a sus Consejerías de Salud:
Para que adopten procedimientos flexibles y garantistas que eviten que la exigencia de determinados requisitos administrativos pueda convertirse en una barrera para que las personas puedan acceder a la atención sanitaria pública.
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