La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto Ley 16/2012 que fue aprobado y entró en vigor hace ya 4 años (1 de septiembre de 2012), sigue reclamando la derogación de esta ley por ser contraria a los Derechos Humanos y a las obligaciones internacionales firmadas por España, y porque desde su entrada en vigor, han quedado legalmente ya fuera del Sistema Nacional de Salud hasta 800.000 personas, en un caso único entre los países de la Unión Europea. Estas personas no gozan en nuestro país de uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la salud.
Durante estos últimos 4 años, todos los colectivos, organizaciones y sociedades científicas agrupadas en REDER han denunciado reiteradamente el incumplimiento del principio de cobertura universal de la salud en nuestro país, en el mismo sentido que lo hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la UE y otros organismos internacionales. Como integrante de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012, la semFYC tiene un papel muy activo en la defensa del retorno de la sanidad universal, y durante estos años ha promovido campañas de objección de conciencia entre los médicos y ha facilitado datos de primera mano de la realidad que se vive en las consultas de Atención Primaria y en los Centros de Salud.
Dado que la sanidad es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, se da una circunstancia que entra en conflicto con el propio ordenamiento competencial, razón por la cual la mayoría de gobiernos autonómicos han adaptado la normativa de la Ley para intentar que no se aplique en su totalidad ni tampoco de forma rigurosa, de manera que se han tolerado excepciones y, en ciertos territorios el efecto ha sido menor. Sin embargo, este procedimiento de suavización no se ha hecho en algunas CCAA, como por ejemplo en Castilla y León, La Rioja o en Ceuta y Melilla, y tampoco se ha podido evitar que, hasta la fecha, REDER haya contabilizado hasta 2.500 personas a las que se les ha denegado cualquier tipo de asistencia. Entre estas personas, encontramos enfermos diagnosticados de cáncer, con enfermedades cardiovasculares, de VIH, enfermedades degenerativas, diabetes o incluso enfermedades mentales graves.
Además de excluirse a personas enfermas -a pesar de que en la mayoría de casos trabajan y viven en España, incluso con sus familias-, la ley tampoco se ha aplicado de acuerdo con sus propios principios. Efectivamente, en el RDL 16/2012 se estipula claramente que mujeres embarazas, menores, solicitantes de asilo y casos de urgencias nunca deberían quedar excluidos del derecho a la salud, pero a pesar de eso, hasta la fecha almenos 400 excepciones previstas en la propia ley han quedado desprotegidas, en una actuación al margen de la legalidad vigente aprobada por el mismo Gobierno y que nadie ha corregido.
En ese sentido, la situación en Melilla es todavía más dramática, ya que en esta ciudad autónoma la desinformación y la ausencia de protocolos de actuación claros, así como el temor a represalias laborales, contribuyen a que el personal de los Centros Sanitarios deniegue en múltiples ocasiones la asistencia cuando debiera prestarla. Esto, potenciado demasiado a menudo por actitudes xenófobas -reforzadas por el propio RDL y dotadas ahora con una base administrativa legal- hace que la población inmigrante vea el acceso a sus derechos universales muy dificultada.
Todos estos datos están explicados y recogidos en el nuevo informe de REDER: La salud en los márgenes del sistema. Cuatro años sin tarjeta sanitaria, donde se hace una radiografía global de lo que está sucediendo en España, el único país de la UE donde se ha dejado fuera a casi un millón de personas del Sistema Nacional de Salud a pesar de no haberse presentado cifras sobre ningún ahorro económico, ni tampoco ninguna mejora significativa. Más bien la realidad reflejada en los informes periódicos de REDER es de una mayor inseguridad, desinformación y regresión en las coberturas y la cohesión social.
Finalmente, lejos de defender la universalidad de la salud, el máximo órgano judicial español, el Tribunal Constitucional, dio la razón al Gobierno el pasado mes de julio al resolver que la exclusión sanitaria era legal en caso de que el Gobierno Central considerase que el país se encuentra en una situación de crisis, obviando así los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos firmados por España.
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